El sistema ferroviario mexicano reporta una disminución en siniestros durante 2025, un dato que el gobierno federal exhibe como logro de gestión. Pero hay un problema: después de los accidentes mortales del Tren Interoceánico, las autoridades simplemente dejaron de actualizar la información oficial.
Esto no es un detalle administrativo menor. Es el síntoma de una práctica que protege la narrativa oficial a costa de la transparencia pública. Cuando los números se vuelven incómodos, el gobierno apaga el foco.
¿Quién se beneficia de esta opacidad? La administración federal. Un secretario de Transporte puede ir a los medios y decir “reducimos accidentes” sin que nadie le cuestione con cifras actualizadas. Es más fácil controlar la narrativa si controlas la información. Las autoridades estatales también se benefician, especialmente en Oaxaca y Chiapas, donde operan tramos del Interoceánico: pueden alegar que desconocen los datos completos si la federación no los publica.
¿Quién sale perjudicado? Los usuarios del transporte ferroviario y sus familias. Sin datos públicos actualizados, no pueden evaluar realmente qué tan seguro es viajar. Los periodistas y sociedad civil tampoco pueden fiscalizar. Y los trabajadores del ferrocarril quedan atrapados: cumplen órdenes de una institución que aparentemente quiere ocultar sus propios fracasos.
El hecho de que haya accidentes mortales en el Tren Interoceánico no es sorprendente. Es una infraestructura nueva, compleja, que atraviesa terrenos difíciles. Pero cuando ocurren tragedias, la respuesta no puede ser dejar de reportar. Eso es lo que hace un gobierno que teme las preguntas.
La pregunta incómoda es: ¿cuántos muertos registraron? ¿Cuántos heridos? ¿Qué fallas de mantenimiento, operación o diseño causaron esos accidentes? Sin datos oficiales, esas respuestas las llenan otros: redes sociales, versiones contradictorias, desconfianza institucional.
El Tren Interoceánico fue vendido como un proyecto de transformación. Se invirtieron miles de millones. Se prometió conectar a regiones aisladas. Pero si lo único que el gobierno hace después de accidentes mortales es cerrar la llave de información, entonces ese proyecto no solo falla operativamente: falla en su promesa fundamental de servir al público.
La reducción de siniestros en 2025 puede ser real o no. Pero es información que el gobierno controla, filtra y actualiza según conveniencia política. Mientras eso suceda, cada cifra que publican vale menos que el silencio que imponen cuando les duele.
Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que debe cuestionarse.