El gobierno federal implementó un tope a los precios de combustibles con la intención de frenar la inflación y proteger al consumidor. Suena noble en una conferencia de prensa. El problema es que esta política choca de frente contra una realidad que nadie quiso enfrentar: México no tiene la infraestructura logística para sostenerla en estados alejados de los centros de distribución principales.
¿Qué pasó? En estados sin terminales de almacenamiento y distribución de combustible, los costos de transporte son tan altos que es imposible vender gasolina y diésel a los precios que el gobierno estableció como objetivo. Los transportistas tienen que recorrer cientos de kilómetros para llevar el combustible desde las refinerías o centros de acopio más cercanos. Esos costos de logística no desaparecen porque el gobierno diga que la gasolina debe costar X cantidad de pesos.
El resultado es predecible: las gasolineras en estados remotos enfrentan un dilema. O venden a pérdida cumpliendo con el tope gubernamental, o no cumplen y se arriesgan a sanciones. Muchas eligieron la tercera opción: simplemente no hay combustible disponible. El desabasto se convierte en la solución más fácil cuando la política no tiene pies ni cabeza.
¿A quién afecta esto directamente? A los ciudadanos de esos estados, por supuesto. Los transportistas, los trabajadores agrícolas, los comerciantes locales que dependen del diésel para sus operaciones. Pero también a las gasolineras pequeñas, que son las que operan en zonas alejadas porque las grandes cadenas no les interesa estar ahí si no pueden ganar dinero. Estas empresas locales son las que cargan con el peso de una política que fue diseñada sin considerar su realidad operativa.
El gobierno federal no consideró —o no le importó considerar— que México es un país con enormes desigualdades geográficas. La distancia no es un problema abstracto: es dinero real que se gasta en transporte, combustible para los vehículos de reparto, mantenimiento de flotillas, salarios de choferes. Todo eso está incluido en el costo final del producto. Cuando el gobierno congela el precio de venta pero no congela estos costos, la matemática simplemente no cierra.
Esto expone un patrón recurrente en las políticas públicas mexicanas: se diseñan desde la capital, se anuncian con fanfarria, se ven bien en los titulares. Pero cuando tocan la realidad de territorios que el gobierno no entiende o no le interesa entender, se desmoronan.
La pregunta incómoda es: ¿alguien en la administración federal hizo el ejercicio básico de revisar dónde hay terminales de combustible en el país antes de implementar un tope de precios?