México tiene un sistema de pensiones fracturado. No es un accidente: son dos leyes que coexisten y generan reglas distintas para retiros de fondos de Afore, dejando a los trabajadores en la confusión y a los intermediarios financieros con ganancias garantizadas.
Bajo la Ley 73 del IMSS, los trabajadores tienen opciones limitadas para acceder a sus fondos de retiro. Bajo la Ley 97, las reglas son otras. El resultado: trabajadores mexicanos navegando un sistema donde las condiciones cambian según cuándo se afiliaron, generando inequidad directa y reduciendo el poder de negociación de quienes más lo necesitan.
Para la persona común esto es crítico. Un trabajador afiliado bajo la Ley 73 tiene beneficios y restricciones que otro bajo la Ley 97 no tiene. Esto no es un detalle técnico: significa diferencia en cuándo puede sacar su dinero, cuánto dinero realmente obtiene y qué pasa con lo que ahorró durante años de trabajo. Mientras uno puede acceder a ciertos beneficios, el otro espera sin las mismas garantías. Es discriminación legalizada dentro del mismo sistema público.
Las Afore —administradoras privadas de fondos de retiro— son las grandes ganadoras aquí. Mientras el sistema permanece fragmentado y confuso, ellas cobran comisiones sobre activos bajo gestión, sin importar si el trabajador puede acceder a su dinero o no. La complejidad legal es su aliada: cuanto más enredado el sistema, más trabajadores desorientados dependen de sus asesorías y servicios, por los cuales pagan comisiones que reducen el saldo final de sus cuentas.
Los negocios pequeños tampoco salen ganando. Empleadores enfrentan obligaciones de contribución a fondos de retiro, pero con reglas que varían según la antigüedad de contratación de sus trabajadores. Esto complica la administración de nómina, aumenta costos de cumplimiento y genera riesgos legales innecesarios. Un pequeño empresario debe navegar dos marcos legales simultáneamente en su propia empresa.
El Estado, teóricamente el garante, ha permitido que esta duplicidad persista. No es negligencia: es una decisión. Mantener dos sistemas paralelos reduce presión política sobre cualquiera de ellos y da tiempo a que se consoliden intereses privados alrededor de la confusión. Mientras tanto, el trabajador promedio que ahorró 30 años se encuentra con que sus opciones están limitadas por una ley que no entiende y que cambia según cuando empezó a trabajar.
La solución obvia —armonizar las reglas, clarificar opciones de retiro, reducir comisiones— no llega. Porque la fragmentación beneficia a quienes administran estos fondos y a quienes prefieren que los trabajadores permanezcan confundidos sobre lo que les pertenece.
Esto es lo que sucede cuando el sistema de pensiones se diseña para que ganen los intermediarios, no quienes trabajaron toda la vida para poder jubilarse con dignidad.