La Universidad Nacional Autónoma de México tomó la decisión de suspender temporalmente las inscripciones del pase reglamentado tras detectar presuntas irregularidades en el examen de admisión. La medida es un golpe directo a decenas de miles de estudiantes que contaban con esta vía de acceso a la educación superior pública más grande del país.
El pase reglamentado es el mecanismo que permite a estudiantes de bachillerato público ingresar directamente a la UNAM sin presentar el examen de selección. Es, en teoría, una puerta igualitaria para quienes cumplen con los requisitos académicos en sus escuelas de origen. Pero ahora esa puerta está cerrada mientras se investiga qué salió mal.
Lo que la UNAM no explica con claridad es el alcance real del problema. ¿Cuántos exámenes fueron alterados? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Se beneficiaron estudiantes específicos o fue un problema sistémico? Estas preguntas siguen sin respuesta clara, y eso es preocupante porque la opacidad alimenta la desconfianza en una institución que ya enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad de gestión.
Los afectados directos son los estudiantes de educación media superior que esperaban acceder por esta vía. Para muchos, especialmente para quienes provienen de escuelas públicas con recursos limitados, el pase reglamentado representaba una oportunidad sin el estrés de un examen competitivo. Ahora se encuentran en la incertidumbre: no saben si podrán inscribirse, cuándo se reabrirá el proceso, ni si las irregularidades cuestionarán la legitimidad de sus certificados escolares.
Pero hay otro ganador y otro perdedor en esta historia. Los ganadores son quienes presuntamente cometieron las irregularidades —si es que las autoridades logran identificarlos—, porque mientras se investiga, pueden permanecer en la impunidad. Los perdedores son todos los estudiantes honestos que ahora cargan con la sospecha de que sus credenciales podrían estar manchadas por asociación.
La UNAM también queda con las manos atadas. Si no castiga severamente, aparentará ser complaciente. Si lo hace sin pruebas contundentes, enfrentará críticas de parcialidad. Mientras tanto, el sistema de admisión se tambalea, y la confianza en la meritocracia educativa se erosiona aún más.
Lo que debería preocupar es que esto no es un problema aislado. Es síntoma de instituciones públicas que carecen de mecanismos de control robusto. Si la UNAM, con toda su infraestructura, no puede garantizar la integridad de sus procesos de admisión, ¿qué esperamos del resto del sistema educativo nacional?
La suspensión temporal es una medida defensiva, no correctiva. Mientras se investiga, miles de estudiantes quedan en suspenso. Eso es un costo que alguien paga, y ese alguien nunca son quienes cometieron el fraude.