La Secretaría de Hacienda acaba de elevar el descuento en la cuota IEPS del diésel hasta 5.27 pesos por litro para la semana del 25 al 31 de julio. No es un ajuste menor: es dinero público directo que sale del bolsillo del erario para abaratar el combustible a un sector específico de la economía.
El mecanismo es simple pero perverso en su distribución de ganancias y pérdidas. El gobierno federal, a través de Hacienda, absorbe el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) del diésel. Eso significa que en lugar de que ese tributo llegue a las arcas públicas, se lo regala de facto a quien compra el combustible. Más descuento, menos dinero para escuelas, hospitales, caminos o cualquier otra cosa que financia el Estado con impuestos.
¿Quién gana con esto? El sector del transporte de carga, los camioneros y las empresas logísticas son los beneficiarios directos. Cada litro de diésel que compran les cuesta 5.27 pesos menos de lo que deberían pagar si no existiera el subsidio. Para una unidad que consume 80 litros diarios, esto significa ahorros de 421.60 pesos por día. Multiplicado por 30 días, hablamos de 12,648 pesos mensuales por vehículo que una empresa de transporte se embolsa sin hacer nada más que existir.
Las grandes empresas de logística, las flotas de transporte, los repartidores que dependen del diésel: todos ellos reciben una transferencia directa de dinero público. Es un subsidio, aunque el gobierno lo disimule bajo el lenguaje técnico del “descuento en la cuota IEPS”.
¿Quién pierde? Primero, los contribuyentes mexicanos. Cada peso que deja de cobrar Hacienda en forma de IEPS es un peso que no existe para financiar servicios públicos. Es dinero que se deja de invertir en educación o infraestructura porque va a subsidiar el combustible de transportistas.
Segundo, los consumidores finales. Aunque parezca contraintuitivo, los subsidios al diésel no necesariamente bajan los precios de los productos que se transportan. El transportista se queda con la ganancia, no la pasa al consumidor. Así que el ciudadano de a pie sigue pagando caro en la tienda, mientras financia indirectamente los ahorros de los camioneros mediante sus impuestos.
Lo grave es la perpetuación de este ciclo. Hacienda ajusta el subsidio semana a semana, creando una estructura de dependencia: el transporte se acostumbra a estos descuentos y presiona al gobierno para mantenerlos. Es una distorsión del mercado que beneficia a unos pocos mientras socializa el costo entre millones.
El incremento del subsidio a 5.27 pesos por litro no es una medida de alivio social. Es una transferencia de recursos públicos hacia un sector concentrado del transporte, financiada con dinero que deja de llegar a servicios que usamos todos.