La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones acaba de anunciar que abrirá una consulta pública para establecer lineamientos sobre derechos de las audiencias. Suena técnico, pero lo que está en juego es mucho más concreto: quién decide qué información llega a tu pantalla y bajo qué reglas.
El gobierno enmarca esto como parte de su lucha contra la desinformación. El problema es que “desinformación” es una palabra elástica. Lo que para unos es información falsa peligrosa, para otros es simplemente un punto de vista incómodo. Esta consulta abre la puerta a que se defina legalmente qué se permite decir y qué no en plataformas digitales, redes sociales y medios en línea.
Para los negocios, especialmente startups de medios, creadores de contenido y plataformas digitales, esto significa incertidumbre regulatoria. Si mañana los lineamientos que salgan de esta consulta establecen que ciertos temas deben ser filtrados o moderados de formas específicas, tendrán que adaptar sus operaciones. Los costos de cumplimiento no son menores: contratar equipos de moderación, invertir en tecnología de detección de contenido, asesoría legal constante. Las grandes plataformas (Google, Meta, X) pueden absorber estos gastos. Las pequeñas y medianas empresas de medios digitales, no.
Para las personas comunes, la implicación es más directa: menos libertad de habla. Si los lineamientos que surjan de esta consulta incluyen restricciones amplias sobre qué se considera desinformación, tu capacidad de expresar opiniones críticas sobre política, economía o cualquier tema sensible puede quedar acotada. Y aquí hay un matiz importante: quién define qué es desinformación es quien tiene el poder real.
Históricamente, en democracias que toman este camino, son los gobiernos quienes terminan aprovechando estas herramientas. Lo que comienza como una regulación contra “fake news” sobre salud pública fácilmente se convierte en una herramienta para silenciar crítica política. Los lineamientos que surjan de esta consulta pueden servir para justificar la censura de contenido que simplemente cuestione decisiones gubernamentales.
El otro ganador potencial es la concentración del poder mediático. Si las regulaciones son complejas y costosas de cumplir, las plataformas pequeñas desaparecen o se integran a las grandes. El panorama informativo se vuelve más centralizado, menos diverso. Menos voces alternativas.
La “consulta pública” también es un elemento retórico importante aquí. La palabra “público” sugiere inclusión y democracia, pero la realidad es que estas consultas suelen tener baja participación ciudadana y altísima participación de actores corporativos y estatales que tienen recursos para incidir. Tu opinión técnicamente cuenta, pero está en desventaja frente a los abogados de las grandes empresas de telecomunicaciones.
En resumen: esto no es solo regulación técnica de telecomunicaciones. Es una redefinición de quién controla la conversación pública, quién puede hablar sin restricciones y quién paga los costos. Y los costos nunca son iguales para todos.