La Secretaría de Educación Pública oficializó un aumento salarial para maestros de educación básica, docentes de Escuelas Normales e instituciones vinculadas a la dependencia federal. Una decisión que suena bien en el papel, pero que deja preguntas incómodas sobre quién realmente se beneficia y a costa de qué.
El anuncio del gobierno federal llega en un contexto donde los docentes llevan años pidiendo mejoras salariales reales, no ajustes inflacionarios que apenas mantienen el poder adquisitivo. Sin embargo, esta medida tiene un alcance limitado: solo beneficia a maestros de nivel básico y a quienes trabajan en Escuelas Normales e instituciones directamente ligadas a la SEP. Esto significa que amplios sectores del magisterio quedan excluidos del aumento.
El problema es estructural. El gobierno federal centraliza los recursos y la toma de decisiones sobre salarios docentes, pero la educación en México es un sistema fragmentado.
Además, hay un detalle crucial: qué significa “aumento” en tiempos de inflación galopante. Si el incremento apenas roza el 3 o 4 por ciento y la inflación ha estado en dos dígitos durante meses, estamos hablando de un aumento real negativo, es decir, los maestros perderían poder adquisitivo aunque nominalmente ganen más pesos en su nómina. La SEP no ha especificado el porcentaje exacto del aumento, lo que genera sospechas sobre su magnitud real.
Otro lado de la moneda: ¿de dónde sale el dinero? En un presupuesto donde ya hay ajustes y restricciones, un aumento salarial debe financiarse en algún lado. Ya sea que la SEP lo absorba reduciendo inversión en infraestructura educativa, en materiales didácticos, en tecnología, o que simplemente se sume a un endeudamiento estatal. Los maestros se llevan el aumento, pero pueden ser las escuelas las que paguen las consecuencias con menos presupuesto para funcionar.
La medida también refleja una realidad política: cuando el gobierno quiere, consigue dinero para nómina. Después dicen que no hay para escuelas dignas, para laboratorios, para conectividad en zonas rurales. Es una priorización clara, y aunque los salarios docentes merecen protección, el sistema completo de educación pública necesita financiamiento integral.
En conclusión, el aumento salarial oficializado por la SEP beneficia directamente a maestros de educación básica y Escuelas Normales bajo jurisdicción federal, pero excluye a miles de docentes que trabajan en otras estructuras. Es un parche que muestra buena intención pero que no resuelve la crisis salarial real del magisterio mexicano ni responde a la pregunta fundamental: ¿a costa de qué se financia este aumento?